Treinta y cuatro años después de la adopción del marco jurídico que rige las actividades petroleras, Costa de Marfil adapta sus normas a las nuevas realidades energéticas e industriales. En el Consejo de Ministros, este 14 de octubre de 2026, el gobierno marfileño aprobó un decreto destinado a modernizar la regulación del sector petrolero descendente, que abarca las actividades desde la importación de productos hasta su distribución final.
El dispositivo actualiza las disposiciones heredadas de la ley n.º 92-469 del 30 de julio de 1992, que resultaron insuficientes ante la evolución del sector. Tiene como objetivo principal reforzar la lucha contra el fraude, mejorar el control de los operadores y prevenir de manera más eficaz los riesgos industriales, sanitarios y medioambientales.
El fraude y la seguridad en el centro del dispositivo
El texto especifica las actividades sujetas a autorización previa, así como las condiciones de ejercicio aplicables a los operadores. Asimismo, regula la creación, puesta en servicio, ampliación y cierre de infraestructuras, en particular depósitos, terminales, muelles y canalizaciones.
El desafío radica en limitar las prácticas fraudulentas, los defectos de conformidad y los incumplimientos de las normas de seguridad, mejorando al mismo tiempo la trazabilidad de los productos. Los nuevos requisitos también deben contribuir a prevenir incendios, fugas y contaminaciones que puedan amenazar a las poblaciones y al medio ambiente.
Los biocarburantes entran en el ámbito reglamentario
Otra evolución notable es la integración explícita de los biocarburantes en el alcance de la regulación. Su importación, transformación, almacenamiento, transporte y distribución estarán así regulados, con el fin de reducir las zonas de incertidumbre jurídica y controlar mejor la calidad de los productos comercializados.
Más allá de la actualización de un marco de más de 3 décadas, esta reforma pretende mejorar la gobernanza de un sector estratégico para el suministro energético del país. Debe conciliar el control de las actividades, la seguridad de las instalaciones, la protección de los consumidores y la adaptación a las nuevas cadenas energéticas.
Publicado el 15/10/26 15:04
La Redacción