La República Democrática del Congo reforzará la supervisión de las prácticas de subcontratación en su sector minero. A partir de 2027, las grandes compañías que operan en el país estarán sujetas a auditorías anuales destinadas a verificar el cumplimiento de las normativas de contenido local y la participación otorgada a empresas propiedad de ciudadanos congoleños.
El anuncio fue realizado a Reuters por Beleshayi Kasanda Ted, director general de la Autoridad de Regulación de la Subcontratación en el Sector Privado (ARSP). Esta medida se produce mientras Kinshasa prepara la entrada en vigor, el 1 de enero de 2027, de una nueva ley sobre contenido local.
El texto se complementará con disposiciones específicas para varios sectores, incluida la industria minera. Dichos textos precisarán, en particular, las obligaciones aplicables a las empresas, las sanciones previstas en caso de incumplimiento y los procedimientos de adecuación.
Según el director general de la ARSP, las compañías concernidas podrán estar sujetas a planes correctivos que podrán extenderse hasta tres años. El nuevo mecanismo permitirá a las autoridades monitorear con mayor regularidad las condiciones de adjudicación de contratos de subcontratación y medir la proporción de gastos que benefician efectivamente al tejido empresarial congoleño.
Los contratos mineros en el centro del control. El sector minero constituye el principal ámbito de aplicación de esta política.
La RDC es el mayor productor mundial de cobalto y uno de los principales productores africanos de cobre. Su industria atrae a varios grupos internacionales, entre ellos Glencore, Ivanhoe Mines, Eurasian Resources Group, CMOC y Zijin.
Más allá del control de cumplimiento, la reforma busca orientar mejor el impacto económico de la explotación de los recursos naturales hacia las empresas locales. Las autoridades congoleñas pretenden, en particular, incrementar la cuota de contratos, compras y servicios confiados a sociedades controladas por ciudadanos del país.
Las cifras transmitidas por la ARSP ya demuestran la importancia de esta actividad. En 2025, 167, las grandes empresas declararon 3,7 mil millones de dólares en contratos de subcontratación.
Aproximadamente 3,1 mil millones de dólares, es decir, el 83 %, fueron adjudicados a sociedades mayoritariamente propiedad de congoleños. La industria minera representa por sí sola 2,9 mil millones de dólares de estos contratos.
El fortalecimiento de las auditorías podría, sin embargo, incrementar las obligaciones administrativas de las compañías mineras y sus subcontratistas. Para Robert Malumba Kalombo, responsable de la Federación de Empresas del Congo, el mecanismo no debería privilegiar las inspecciones y sanciones en detrimento del apoyo a las empresas locales.
Esta cuestión remite directamente a la capacidad de las sociedades congoleñas para responder a las exigencias de los grandes grupos internacionales. Las compañías mineras buscan proveedores capaces de respetar estándares técnicos, financieros, ambientales y de seguridad a menudo elevados.
El aumento de la participación de contratos adjudicados a empresas locales depende, por tanto, también de su capacidad para satisfacer estos requisitos y proporcionar servicios conformes a los estándares del sector. En este contexto, la cuestión de la transparencia de los beneficiarios de estos mercados constituye también un desafío.
La organización no gubernamental Congo Is Not for Sale exige mayor transparencia en las decisiones de la ARSP. Su portavoz, Jean-Claud Mputue, solicita concretamente la publicación de la identidad de los beneficiarios efectivos de las empresas que intervienen en la subcontratación.
La organización teme que el refuerzo de las obligaciones de contenido local pueda beneficiar a empresas con relaciones políticas en lugar de aquellas que poseen las capacidades técnicas y financieras necesarias. Claude Paul Tjeg Publicado el 29/09/26 16:43 La Redacción